Germán Gamonal Editor político

N° 3.342 del 24 de marzo al 6 de abril del 2008

Una de las características esenciales de la política es la crítica permanente entre gobiernistas y opositores, pero además entre los partidos y hasta al interior de un Gobierno.

Naturalmente hay una crítica elevada, y otra algo más contumaz, exagerada, persistente y en ocasiones se llega casi a la injuria.

Son normales las diferencias entre un Gobierno determinado y la oposición. En ocasiones los gobiernos incluso se defienden a través de querellas. Se recuerda el proceso iniciado por el presidente Ibáñez contra altos personeros radicales durante la segunda administración de aquel mandatario. Fue una noticia espectacular porque hubo orden de detención contra congresales que en definitiva fueron absueltos por los tribunales. La Corte Suprema sentenció que “la crítica política, por acerva que sea, no constituye delito”.

En ocasiones las oposiciones utilizan las acusaciones constitucionales no sólo contra altos personeros de la administración, sino que contra funcionarios relevantes como ocurrió en Chile cuando se acusó a un contralor, además de acusaciones contra un ex presidente, caso de Arturo Alessandri Palma al abandonar el Gobierno en 1938, o al propio Ibáñez también al dejar la Moneda en su primera administración o bien estando ejerciendo el cargo como ocurrió en la segunda administración de aquel mandatario, en la década del 50.

La crítica que más molesta a los gobiernos es la surgida entre sus partidarios, como ha quedado demostrado en el reciente Congreso del Partido Socialista (en que el gran vencedor se llama Camilo Escalona).

En ese evento político, la presidenta Michelle Bachelet se quejó con cierta amargura de las críticas que provenían de sus amigos, y que se hacían a través de los medios de comunicación. Dijo que aceptaba las críticas, pero de manera reservada y no por los medios.

De inmediato recibió respuestas de los propios socialistas que dijeron que los medios son la manera de llegar a la opinión pública. Además no siempre es posible tener algún encuentro con la mandataria para hacer llegar sus opiniones críticas.

El político, como los medios de comunicación, esto es el mundo periodístico, tienen pleno derecho garantizado por la Constitución para plantear críticas, elevadas por cierto; y un gobierno, debe acatar esas observaciones. Sería absurdo que un partido tuviera en sus estatutos una disposición que dijera que “a los militantes se les prohibe criticar al Gobierno con el cual este partido colabora”.

La crítica hace bien a los gobernantes, pero reiteremos que en forma adecuada, no al estilo de un ex diputado del PPD que en un “happy hour” en el Palacio presidencial de Viña del Mar aprovechó para lanzar una andanada de improperios al presidente Lagos, anfitrión de esa reunión, lo que provocó que el jefe de bancada de aquel partido pidiera excusas al presidente y éste suspendió de inmediato esos encuentros.

Los gobiernos deben acatar o al menos aceptar las críticas de sus partidarios y el uso de los resortes constitucionales, como son las interpelaciones o la presentación de una acusación contra un ministro de Estado. Esto forma parte de la política y se ha utilizado contra magistrados de la Corte Suprema, contra la Corte en su conjunto, contra un ex comandante en jefe del Ejército y muchas veces en distintos gobiernos contra ministros en ejercicio. Esto por cierto, no debe sorprender a nadie.

La política en sí es dura y quizás sea realidad una frase atribuida al presidente Frei Montalva: “para actuar en política hay que tener piel de elefante”, y lo que expresó el senador Andrés Allamand cuando era diputado: “La política es sin llorar”, aunque siempre hay que tener en cuenta que en ese mundo se debe actuar con “amistad cívica”, lo que también suele olvidarse.