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Osvaldo Cifuentes Visconti
Editor de economía |
N° 3.450 14 al 27 de mayo del 2012
La reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Sebastián Piñera, con el tiempo podría transformarse en el hito que marcó el momento en que el péndulo que dibuja los vaivenes político-ideológico del país comenzó tímida pero irremediablemente a desprenderse de donde estuvo férreamente pegado durante varias décadas. Lo paradójico del asunto es que eso, que debió pasar durante algunos de los gobiernos de la Concertación, suceda en el curso de una administración de derecha, más interesada que nadie, no sólo en mantener el péndulo donde estaba, sino en fijarlo a machote en su lugar para siempre.
Después del Gobierno de la Unidad Popular, donde el péndulo se trasladó al extremo opuesto del actual, la dictadura y los Chicago Boys lo movieron rápidamente, y sin transición, pasando raudo por el centro, a la posición en que hoy lo vemos. La Concertación, en sus largas cuatro administraciones, no sólo no lo tocó, sino que justificó ideológicamente su posición y, de hecho, lo reforzó al permitir una descontrolada concentración económica, sobre todo en el Gobierno de Ricardo Lagos.
Esa falta de movilidad del péndulo, es decir, la ausencia de políticas sociales que hubiesen ido más de la mano con el desarrollo económico del país, esto es, con su nueva realidad, redundó en una acumulación de problemas sociales que pasó inadvertida para los políticos, más preocupados, todos sabemos, de otras cosas.
Las consecuencias de este imperdonable descuido político, causado, en último análisis, por el sistema binominal, las está pagando el Gobierno del presidente Piñera. Durante 20 años los partidos políticos de la Concertación y de la Aliaza no hicieron nada por atenuar, por suavizar, las iniquidades que irremediablemente se van incubando en un sistema económico extremadamente libre, denominado neoliberalismo.
Ahora, con atraso, se comenzaron a tomar medidas reparadoras, como la eliminación para los jubilados del pago para salud, mejoras en el posnatal, salas cunas, salario ético, en fin, una serie de disposiciones que pudieron adoptarse antes, en forma gradual, en el curso de esos 20 años de ceguera. En línea con lo que todo el mundo esperaba que debieran haber hecho las administraciones concertacionistas, sólo ahora se están revisando los contratos de los bancos, cajas de compensaciones, grandes tiendas, etcétera, que invariablemente han presentado cláusulas abusivas y que después de un “¡Ay, de veras, fue un descuido!”, son automáticamente eliminadas.
Pues bien, en este escenario se inscribe la reforma tributaria, una más de las múltiples iniciativas que han emanado del Gobierno de Piñera, y que nos permite afirmar que el péndulo comenzó, después de estar detenido muchos años, su incierto e imprevisible nuevo viaje, sin saber a qué velocidad lo hará ni su próximo lugar de detención.
Uno pudiera decir que lo ideal es que el péndulo se tome un largo descanso en el centro. Pero eso requeriría avanzar más en lo que se está haciendo, actuando con más convencimiento. Hasta ahora lo que se ha hecho es mejorar lo que hay. Por ejemplo, en educación se mejora lo que hay, lo mismo en salud y previsión. La insatisfactoria realidad que exhibe el país en estas tres áreas es consecuencia de haber llevado al extremo la idea, o mejor dicho, la ideología del estado subsidiario. Que el Estado haya hecho todo lo posible, legal y económicamente, para que el sector privado gane plata con la previsión, la salud y la educación de los chilenos se ve ahora, a todas luces, como una exageración inédita en el mundo. Lo que se espera de un Estado, y es lo que ahora está aguardando la mayoría de los chilenos, es que se haga cargo de la tarea de asegurar a todos los ciudadanos una previsión, una salud y una educación decente. ¿Y el sector privado? Bueno, que trabaje en estas áreas como lo hace en todos los países del mundo, libre y sin cuestionamientos, pero al margen, con los que quieran, sin apoyo estatal. Así el péndulo chileno volverá a tener la posición que, más o menos, se advierte en las naciones que reconocemos como democráticas, justas y solidarias.
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