Claudio Betsalel Editor internacional

N° 3.294 del 22 de mayo al 4 de junio del 2006

Como un castillo de naipes, el débil entramado institucional de integración sudamericana pareció tambalear en poco más de una semana, tras anunciar Venezuela el 19 de abril su salida de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y –sólo once días después– concretarse en términos escénicamente beligerantes y expropiatorios la nacionalización de hidrocarburos en Bolivia.

En lo inmediato, la principal víctima de la nacionalización hidrocarburífera en Bolivia –según todos los indicios, inspirada y asesorada por Hugo Chávez y la estatal Petróleos de Venezuela– ha sido Brasil, ya que cerca del 67% de su consumo nacional de gas y el 80% del consumo requerido por la poderosa industria de Sao Paulo son satisfechos por la producción boliviana. El impacto a los intereses brasileños también se asocia a la expropiación de los yacimientos bolivianos de la estatal Petrobras, con una inversión que ronda los US$ 1.500 millones.

Aunque el Gobierno de Evo Morales ha asegurado la continuidad del suministro a Brasil y Argentina –dos de los grandes consumidores en la subregión, junto a Chile–, ya ha dejado en claro que desea, al menos en el caso brasileño, un incremento de al menos un 60% en el precio del gas. En el actual contexto global de aguda competencia  por los recursos energéticos, las demandas bolivianas en cuanto al aumento de precio de su principal –y casi único– producto de exportación son razonables, más si se tiene en cuenta que Brasil ha estado pagando no más de US$ 3,4 por millón de BTUs (como referencia, el precio que Chile pagará a British Gas por abastecerse de gas es de US$ 7 por millón de BTUs).

Sin embargo, el triste espectáculo de dispersión que los países latinoamericanos dieron en la última cumbre con la Unión Europea, en Viena, va mucho más allá de diferencias en un proceso de fijación de precios de materias primas, o incluso del régimen de propiedad de éstas. A lo que se asiste es a una creciente polarización ideológica entre los Gobiernos de centroizquierda de la región y el vociferante populismo de Chávez, que –más allá de la alianza “testimonial” con la Cuba castrista– ya ha encontrado un aliado real en la Bolivia monoproductora de Evo Morales, para promover sus propias e ideologizadas versiones de integración energética y comercial. 

Chávez justificó su salida de la CAN al no ceder Perú y Colombia al chantaje de renunciar a sendos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, pese a que el propio comercio venezolano con el “imperialismo” estadounidense le reportó en 2005 cerca de US$ 34 mil millones en exportaciones. Pero este autócrata electo no sólo fragilizó las ya debilitadas instituciones de integración andinas; después de adherir al Mercosur en diciembre pasado, favoreció la conflictividad interna en el acuerdo aduanero, al alentar el descontento de los países pequeños, Paraguay y Uruguay, pero alineándose con uno de los “pesos pesados” (Argentina) en el prolongado conflicto por las papeleras en el río Uruguay.

Por cierto, con la amenaza a la viabilidad de los dos grandes bloques de integración, Brasil ha visto esfumarse en pocas semanas su proyecto de liderazgo en la región, materializado en la ahora torpedeada Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN). “No queremos una guerra fría en América Latina –dijo Marco Aurelio García, asesor especial de Lula Da Silva–. La diplomacia de Brasil hacia América del Sur y el resto del mundo no está basada en el prefijo ‘anti’. Somos ‘pro’… No estoy de acuerdo con la retórica de Chávez”.

Tuvo razón el ministro Alejandro Foxley –aunque no sentido de oportunidad y rigor diplomático– al señalar públicamente, a propósito de la nacionalización de hidrocarburos en Bolivia, que “los sistemas de integración están siendo cuestionados”. En este contexto de crisis, debe destacarse la inteligencia con la que ha actuado la presidenta Bachelet, evitando –pese a la clara orientación socialdemócrata de su administración– que Chile tome partido en la suerte de guerra fría verbal en que se han embarcado Brasil y Venezuela.

Contando con el aval de popularidad internacional que concita su figura, la presidenta debería jugar un papel de “bisagra” e intentar –en la medida de lo políticamente posible– acercar posiciones entre los líderes regionales en la próxima cumbre en junio de la CSN en Santiago. Salvar los procesos de integración regional es clave para un país como el nuestro que, sin ir más lejos, hasta la fecha sigue importando dos tercios de su consumo energético.