Arturo Castillo Vicencio Jefe de informaciones

N° 3.306 del 6 al 19 de noviembre del 2006

Definitivamente, las explicaciones no bastan. Independientemente de cómo se hayan sucedido los acontecimientos, el término corrupción, lamentablemente, se encuentra cada vez más arraigado en la opinión pública. Los recientes hechos denunciados por los medios de comunicación en torno a Chiledeportes arrojan elementos demasiado sólidos como para intentar minimizar sus consecuencias. Aquí ya no cabe hablar de desvíos de fondos, de anomalías, irregularidades o de situaciones que “vamos a investigar”. La percepción ciudadana es que, simplemente, se trata de robo abierto y descarado.

La corrupción constituye un peligroso elemento que atenta en contra de la estabilidad de las democracias, puesto que se presenta de manera transversal y no se circunscribe solamente a tendencias, movimientos o partidos políticos, aunque generalmente surge de entre personas que actúan en los círculos del poder y en la toma de decisiones frente a las asignaciones de recursos públicos.

La presidenta Michelle Bachelet sabe a ciencia cierta de los peligros que conlleva no atacarla a tiempo. Más que una mala gestión administrativa o una equivocada decisión gubernamental, este fenómeno –que circula abiertamente en casi todas las naciones del planeta– puede convertirse en el más potente enemigo de la limpieza de un determinado gobierno.

Por esa razón, Bachelet no dudó un instante en adoptar medidas urgentes para que organismos públicos, tales como Chiledeportes, cuenten con los controles internos y externos necesarios para evitar que algunos malos funcionarios, incentivados por personajes políticos, sucumban a la tentación de manipular los fondos destinados a fomentar el deporte, especialmente en aquellos clubes marginales y más necesitados de apoyo del Estado para llevar a cabo sus programas de desarrollo.

Sin embargo, pese a que la mandataria no se conformó con las iniciales medidas que propuso el ministro secretario general de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, y exigió considerar otras más drásticas, para muchos tales señales no apuntan al control efectivo del problema, sino que a solucionar casos puntuales. Los críticos de las medidas de la presidenta estiman que se hace necesaria la aplicación de cirugía mayor. No basta con establecer mecanismos más rigurosos como limitar la asignación directa de fondos. El asunto pasa, necesariamente, por enfrentar el tema de la corrupción atacando su génesis y su espíritu.

Muchos gobiernos ya conocen el enorme daño que ha causado a su imagen el hecho de haber desoído las denuncias. Le sucedió al ex presidente Eduardo Frei, al término de su mandato, con el caso de los sobresueldos y de las indemnizaciones millonarias que las empresas estatales cancelaron a sus ejecutivos. O al propio Ricardo Lagos, cuyo período se caracterizó por el fomento a las obras públicas, pero con profundos cuestionamientos a la gestión administrativa en la utilización de los cuantiosos recursos del MOP.

Y enfrentar el fondo del problema pasa por no dejarse seducir por las cortinas de humo como una forma inmediata de desviar la atención ciudadana –pensemos, por ejemplo, en la profusa difusión que se hizo del presunto oro de Pinochet supuestamente depositado en un banco de Honk Kong–, o las señales de alivio que mostraron algunos parlamentarios oficialistas al descubrir que las candidaturas de Sebastián Piñera y de Lily Pérez también involucraban dineros dudosos en el financiamiento de sus campañas. Jugar al empate puede resultar más peligroso que intentar ocultar los hechos, y la ciudadanía exige claridad, especialmente ahora en un país que, pese a los históricos excedentes que arrojan los buenos precios del cobre en los mercados mundiales, sus habitantes no sienten que los beneficios se hayan trasladado hasta sus barrios. Y, lo que es peor, no creen que los dineros sociales –en manos de funcionarios corruptos– beneficien a los más necesitados.

Por ello, muchos economistas sostienen que la mejor forma de que el desarrollo llegue a la gente y, por ende, haga disminuir la brecha entre ricos y pobres, consiste en una disminución real de la carga impositiva como mecanismo reactivador, en lugar de continuar con el peligroso juego de la danza de millones estatales que no llegan a buen puerto.