Juan Ignacio Oto Director

N° 3.307 del 20 de noviembre al 3 de diciembre del 2006

En esta misma página editorial de Ercilla N° 3.202 del 11 de noviembre del 2002, señalábamos: “Donde se llegó al colmo de la frescura es cuando algunos políticos, reconociendo implícitamente la existencia de coimas –pero para ‘caja electoral’, lo cual atenuaría la falta–, plantearon que la solución es que se les otorgue financiamiento para las campañas electorales, con lo cual, según ellos, se evitarían los cohechos. Este punto nos preocupa en especial, debido a que en el fondo, sobre la base de delitos puntuales específicos, se intenta forzar una medida altamente perjudicial para toda la sociedad, lo cual sería literalmente ‘el mundo al revés’, ya que se trataría de entregarles dinero, de todos los contribuyentes, precisamente a los mismos que cometen y/o han cometido las acciones dolosas”.

Agregábamos: “Al respecto, cabe mencionar que, proporcionalmente, lo que se les otorga gratuitamente a los candidatos a la Presidencia y al Congreso en la franja electoral televisiva es muy superior a lo que reciben en determinadas fórmulas los postulantes políticos de algunas pocas naciones que tienen este sistema. Además, es obvio que los recursos que se destinen para estos fines no lograrían, bajo ningún punto de vista, el objetivo de evitar eventuales corrupciones, por dos razones. Una, que quién es proclive al delito, tiende a cometerlo por ambición u otros motivos, y no por necesidad, como se ha demostrado, por ejemplo, en el ambiente policial y de narcotráfico de diferentes latitudes. Y segundo, porque cualesquiera sea la cantidad que se facilite por el Estado a los candidatos, ella los vuelve a dejar en igualdad de condiciones (a un nivel superior de financiamiento), con lo cual nuevamente la diferencia que le podría hacer derrotar a su contrincante reside en conseguir recursos adicionales, con buenas o malas artes, de manera corrupta o no”.

Y finalizábamos nuestra opinión sobre esta materia indicando: “Por ello queda claro que lo verdaderamente importante es que prime la ética en la conducta de los funcionarios públicos, y a falta de ella –en situaciones excepcionales– que operen con eficacia los sistemas de control. Esto, naturalmente, aplicándose en el menor contexto de discrecionalidad posible, ya que la mejor fórmula para evitar la corrupción es que en la mayor cantidad de sectores funcione una amplia competencia, evitándose al máximo las decisiones burocráticas que pueden significar favorecer a unos en desmedro de otros”.

Creemos que el tiempo nos ha dado la razón con creces.

Se está demostrando, con desafortunada precisión, que los mayores recursos fiscales que se destinan a causas supuestamente nobles, terminan en gran magnitud en manos de los operadores que los distribuyen, generando una corrupción monstruosa, que causa enorme daño a las instituciones del país y a sus habitantes.

A la fecha, se están conociendo numerosos casos, que serían sólo la punta del iceberg. Al financiamiento electoral, donde aparentemente el más comprometido es el senador Girardi, se agregan los terribles casos de Chiledeportes y de los Programas de Generación del Empleo (PGE), cuya gravedad se ve acentuada porque justamente comprometen fondos que debieran ir a cubrir actividades y necesidades muy positivas, como es la actividad deportiva y mitigar el desempleo. Además, es conocido en el ambiente político que seguirán destapándose graves situaciones de corrupción en Indap y otras instituciones.

Para nosotros la conclusión es nítida. La mejor fórmula de traspasar recursos a la población debe ser directa, sin intermediarios que se queden con la plata. Y esa es a través de bajar impuestos agobiantes y excesivos, de preferencia aquellos que más entraban la economía y los que, como el IVA, son redistributivos y, por eso, una disminución de su tasa favorece en mayor medida a los más pobres. Lo cual tiene la ventaja de reactivar la economía y acelerar el crecimiento, que sigue muy lento a pesar del excelente precio del cobre y otras materias primas que exporta Chile.

Por supuesto siempre será necesaria la asistencia por parte del Estado a quienes lo requieren, por diversas razones, como nivel de pobreza o discapacidad. En estos casos, deben establecerse los mecanismos que aseguren transparencia y probidad. Sin embargo, es importante no caer en la falacia de creer que ser progresista significa tender a un sistema asistencialista como Suecia, ya que la realidad chilena es muy distinta; en ese país existe una cultura centenaria en ese sentido y a nadie se le ocurriría robarle dinero al Estado; en nuestro país la parte gruesa de los recursos debe ir en forma directa a sus habitantes, para que la fracción asistencialista pueda ser controlada y llegue efectivamente a quienes la necesitan.